En el Palacio se anda despacio. Pero se anda. Hay un grupo de toreros empeñado en hacer algo razonable y legítimo: que el Estado y su Gobierno les reconozcan como lo que son, artistas. Lo son, tal y como hemos publicado en este medio y tal y como se argumenta en un documento elaborado por los abogados Lloret y Moeckel, con apoyo de mundotoro en labores de búsquedas de argumentos jurídicos, del que hoy hace referencia y eco el diario El Mundo, porque así lo reconoce el propio Gobierno a través del Ministerio de Cultura con el Real Decreto que regula la concesión a la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. Y con este reconocimiento, es legítimo inscribir su obra en el Registro de la Propiedad Intelectual. Hasta ahora era como predicar en el desierto. Cada argumentación jurídica apuntada al sector desde fuera del sector, jamás había sido tenida en cuenta. No se sabe muy bien la razón.

Puede ser porque exista dejación,  o una especie de temor al amo (las administraciones, es decir, el poder público y los partidos son los que tienen la titularidad de las plazas, redactan los pliegos y conceden las plazas de toros ) o, simplemente, porque se  ejercitaba la españolísima dualidad que afirma que lo que no se me ocurre a mí no existe, bien porque demuestra mi mediocridad o porque reconocer la posibilidad del acierto ajeno de alguien que no pertenezca a la endogamia, es tanto como reconocer que se tienen lagunas. De tamaño visible. Gestionar el toreo de la forma que se está gestionando es de párvulos. Y nadie quiere ser llamado así. Es lo del perro del hortelano.

Desde hace varias semanas, desde el 28-J y mucho antes, años antes, voces no inscritas de gentes sin otro interés que el de una fiesta sana y libre se han quedado afónicos argumentando, trabajando, peleando, tratando que lo de Cataluña no sucediera y, ahora, que  jamás vuelva a suceder.  Tratando  de recuperar derechos legítimos. Derechos constitucionales. Derechos de ley. Esos toreros, comunicados mediante Messenger, chats, llamadas, se reunieron hace unos días en Madrid y la casa de El Juli, en Velilla y en su finca extremeña, es el centro de conversaciones de unos profesionales que han decidido hacer algo. Demandar lo suyo, lo que por naturaleza y por ley les pertenece, que es lo que, en gran medida, puede blindar al toreo. Pedir sus derechos constitucionales como artistas, reconocidos en por el propio Ministerio de Cultura.

La argumentación jurídica  de los citados abogados es el documento al que hace alusión El Mundo y que ayer resumió mundotoro a doble columna. Ahora hay que apoyar cualquier decisión de estos jóvenes cada vez más maduros y modernos y  más de su tiempo. Ahí está el Registro de la Propiedad Intelectual, ahí está el nuevo toro de la administración.

No era imposible, no es imposible. Y esta vez, que no exista cainismo,  ni trabas, ni celos. Se acabaron los tiempos de si no lo hago yo, nadie lo puede hacer. Se puede hacer. Los toreros lo pueden hacer. Este medio les reconoce su responsabilidad para con su  tiempo y reconoce también el apoyo desinteresado de quienes han trabajado  desde hace años, en silencio, sin interés crematístico alguno, para ayudar, apoyar, dar una guía.

Con nombre y apellidos: los toreros, los dos abogados conocidos y, en una milésima parte, la aportación de este medio. Porque nada surge de la nada. Era cuestión de decisión y trabajo. Ahora sólo falta que las otras instituciones y asociaciones del toreo tengan  en cuenta la segunda y bien fundada argumentación de la demanda  del toreo como Patrimonio Histórico de los Españoles, compartida por varios profesores de Derecho Constitucional de distintas ciudades de España, a los que este portal  lleva consultando desde hace meses. Gracias a ellos, también.

Las comunidades que van a declarar Bien de Interés Cultural al toreo se basan, precisamente, en el segundo argumento jurídico publicado ayer por mundotoro: en las leyes vigentes en cada Comunidad (Madrid, Murcia, Valencia) referentes al Patrimonio de sus ciudadanos. Que se pida al Estado, que se le demande. Entonces la Constitución sería nuestro gran amparo, el blindaje definitivo y el recurso contra la injusta y demagógica decisión de Cataluña. Hay armas para luchar. De igual a igual. Políticamente y en los Tribunales de Justicia. Somos ciudadanos de un Estado de Derecho. Basta con ejercer como tales y salir del armario. Que corra el aire.