icono-sumario Los críticos denuncian que la presidenta y su marido (vicepresidente) están purgando las voces críticas para blindarse de cara a las citas electorales, donde esperan conseguir escaños

Manifestación de la formación política Pacma I EL CONFIDENCIALlinea-punteada-firma1

MUNDOTORO > Madridlinea-pie-fotos-noticias

El último CIS apuntala una tendencia al alza. El Partido Animalista, Pacma, ha pasado en siete meses del 0,9 al 1,4% en intención de voto. Si damos por bueno el pronóstico, obtendría ya el doble de papeletas que el PNV (0,7%) o el PDeCAT (0,6%). Y lo más importante: tiene opciones reales de enviar al menos un eurodiputado a Estrasburgo en las próximas europeas. Incluso sueñan con un diputado en el Congreso. Los buenos augurios electorales se reflejan también en el número de afiliados, que rozaba los 4.000 inscritos al cierre del año pasado. Con una aportación mínima de 80 euros al año, recaudan ya más de 300.000 euros sin recibir ninguna ayuda pública.

Detrás del éxito y la euforia se cocina una crisis interna, desatada entre la actual dirección del partido y un sector de la militancia: decenas de activistas y antiguos cargos orgánicos están denunciando que Pacma se está convirtiendo a toda velocidad en el ‘chiringuito’ de la presidenta, Silvia Barquero, de su marido, el vicepresidente Luis Víctor Moreno, y de la portavoz y amiga de ambos, Laura Duarte. La lucha, aseguran los críticos, se ha desencadenado precisamente ante las expectativa de éxito. ‘Lo que está ahora en juego no es lo que había antes: un cargo sin remunerar en una estructura de activistas voluntarios. Ahora se trata de un sillón en el Parlamento Europeo, de un puesto de asistente en el Congreso, de cosas muy jugosas por las que merece la pena pelear’, dicen.

Las voces críticas llevan meses protestando en privado o en redes de acceso restringido, sobre todo a través de la Iniciativa Asamblea Pacma en Facebook. Trataban de evitar, subrayan, que la causa animalista se viese afectada por las críticas a la gestión del partido. ‘Lo más importante para nosotros son los animales y no queremos dar munición a nuestros enemigos, a los taurinos y los cazadores, pero ahora ya han llegado demasiado lejos. Se está produciendo una sangría de gente que no es totalmente leal al matrimonio Barquero-Moreno. Ya no hay intereses de partido, ni por los animales, sino personales’, insisten. En junio se celebró un juicio —visto para sentencia— atendiendo a una demanda de la exsecretaria de Organización y exmiembro de la directiva Yasmina Larumbe, que pedía la nulidad de una asamblea ordinaria celebrada en Sevilla el 5 de marzo. Según su versión, se cometieron ‘irregularidades graves’.

‘Se trata de un caso de corrupción interna y de dirección dictatorial’, dice al teléfono. ‘Lo que denunciamos son ilegalidades y amaños en las asambleas con las que el matrimonio y su círculo se están apropiando de un proyecto que ha costado mucho esfuerzo levantar y lo han convertido en su cortijo. Por ejemplo, han mandado las papeletas del voto delegado ya marcadas con sus nombres y no han permitido desarrollar las propuestas de reforma que hemos formulado. Están purgando a quien les cuestiona o pone en riesgo su poder’, acusa. En su opinión, ‘hay cada vez menos interés en que los afiliados participen y vayan a las asambleas’. Y ofrece un dato: ‘De los 38 coordinadores territoriales que llegamos a tener, con representación en prácticamente todas las provincias, ahora solo quedan 11. Unos han sido expulsados y otros se han marchado por su propio pie’.

Desde la dirección de Pacma, insisten en que la controvertida asamblea de Sevilla se desarrolló de manera ‘transparente y legal’. Al mismo tiempo, no quieren facilitar datos sobre coordinadores territoriales en activo. (En un comunicado posterior a la publicación de este artículo enviado por la Junta Directiva del partido, aseguran que solo han sido expulsados cuatro ‘por falta de confianza’, mientras que el resto se han marchado voluntariamente ‘por decisiones personales’). La presidenta, Silvia Barquero, niega que exista una crisis e insiste en que se trata de ‘un problema con una afiliada concreta’… Sobre la ‘purga’ de coordinadores, argumenta que ‘no es relevante’ porque ‘los cargos voluntarios dependen del tiempo libre de las personas y de la buena voluntad que le dediques a la gestión… No es significativo que haya más o menos ahora, no es un dato relevante. Lo importante son los afiliados y las encuestas, que nos dan representación parlamentaria. Y estamos en nuestro mejor momento’, reivindica.

A muchos de los expulsados, como a María Beltrán, excoordinadora en Baleares, les fue comunicada su destitución por ‘e-mail’. En su caso, un correo recibido a principios de 2017 en el que la junta directiva la fulminaba sin derecho a réplica por ‘buscar el apoyo de afiliados para presentar una propuesta en la asamblea (…) de la que no has informado al conjunto del equipo del que formas parte’, según se lee en el texto. Otro de los coordinadores cesados se queja de que ‘la dirección no soporta la más mínima crítica y se comportan como auténticos talibanes. En cuanto expresas el más mínimo desacuerdo, te dejan fuera. De los afiliados solo quieren que paguen para sus sueldos y ganar votos’.

A Luz Navarro, afiliada en Zaragoza desde 2011, la expulsaron el año pasado por no estar al día con las cuotas. ‘Yo pagaba tarde por mi situación económica y nunca había pasado nada. Después de expulsarme, he intentado volver a afiliarme y no me responden, no me dejan. Está claro que es una venganza porque apoyé las reformas propuestas con mi voto delegado en las asambleas. Lo que está pasando es que el matrimonio blinda sus sillones de cara a las elecciones y se gasta todo el dinero en pagar sueldos a su círculo. Una de las últimas ofertas de trabajo que han sacado es un puesto de asistente para la presidenta. ¿Con 4.000 afiliados necesitas de verdad un asistente personal cuando casi no hay dinero para carteles ni para acciones de protesta?’.

Varios activistas críticos consultados por El Confidencial coinciden en que la visión ‘electoralista’ de la actual dirección es también parte del problema. ‘Pacma ha sido siempre un movimiento de activistas, pero ahora están abandonando la lucha por los animales para centrarse en conseguir un puesto en el Parlamento Europeo’, dice José Antonio Rodrigo, coordinador de Las Palmas hasta su expulsión en diciembre de 2016 ‘por no cumplir los objetivos’, según la comunicación oficial que le llegó de Madrid. ‘Nunca me explicaron cuáles eran los objetivos porque, además, crecimos más en votos en Las Palmas que en Madrid’.

Además del salario de eurodiputado, un escaño en Estrasburgo supone una importante inyección de dinero para el partido y varias nóminas para asesores fijos. ‘Por eso están abandonando el activismo sobre el que hemos construido Pacma. La prioridad ya no es ir a protestar contra el Toro de la Vega o contra una matanza de cabras. En lugar de eso, prefieren dedicar los fondos a viajar y promocionarse. Lo del escaño está muy bien, pero no podemos olvidar que el partido se creó para denunciar los abusos contra los animales, no para hacer protagonistas a dos o tres personas’, insiste Rodrigo, quien subió esta semana a las redes sociales una fotografía con su carné de Pacma partido por la mitad.

El sector crítico habla también de una estructura ‘clientelar’ creada alrededor de la presidenta y su marido. En 2017, dedicaron 208.330 euros a gastos de personal, incluidas las cuotas de Seguridad Social. ‘No nos quieren decir cuánto cobra cada uno, pero haciendo cálculos con las tablas disponibles, dividiendo entre los meses trabajados y las categorías, los niveles más altos pueden estar ganando más de 2.000 euros. No es tanto dinero, pero hay que tener en cuenta que este partido ha sido creado por activistas y voluntarios que nunca hemos visto un duro, incluso que hemos puesto de nuestro bolsillo’, se queja Rodrigo. Larumbe niega que esto sea así y habla de ‘sueldos de supervivencia’ de entre 1.200 y 1.500 euros. ‘No nos estamos forrando con el dinero de los afiliados. Al revés. Además, está todo aprobado de manera transparente en las asambleas’, se defiende.

Otro de los cuestionamientos que se repite es el relativo a las contrataciones en la estructura del partido, que ya cuenta con 10 nóminas, de las cuales solo dos son de la junta directiva. ‘Hay cosas que no se entienden. Tienen a un editor de vídeo. Antes lo hacíamos todo los activistas, siempre había alguien que sabía grabar. Y si se necesitaba una cosa especial, se contrataba el servicio y listo. Ahora pagan a un trabajador que no sabemos cuánto cobra y que en todo 2017 ha editado 15 vídeos: uno con Silvia Barquero en la puerta del Congreso, otro con Silvia Barquero pidiendo el voto para la asamblea general, otro con Silvia Barquero en Bruselas de visita, Silvia Barquero en Pamplona después de la manifestación de los Sanfermines. Es decir, hay una persona contratada por el partido que lo único que se dedica es a ensalzar la figura de la presidenta’, se queja Rodrigo. Según la Junta Directiva de PACMA, ‘como muestra del rendimiento’ del equipo de vídeo ‘a lo largo de 2017 se produjeron y editaron más de 200 vídeos’ publicados en las redes sociales del partido.

Los activistas que defienden la gestión de Barquero y de su marido reivindican las encuestas y los datos de afiliación. ‘Son incontestables. Lo que está haciendo la presidenta es profesionalizar el partido para conseguir más votos y llevar los problemas de los animales a la política. Es el proceso lógico para crecer. Pero hay algunos afiliados que vienen del activismo más duro, de encadenarse en una corrida de toros, y son mucho más cortos de miras’, comenta uno de ellos, que prefiere mantenerse en el anonimato.