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El juzgado contencioso administrativo número 3 de Zaragoza ha suspendido de forma ‘cautelarísima’ la apertura de las ofertas presentadas al concurso de gestión de la plaza de toros de La Misericordia, que iba a tener lugar el 7 de marzo en la Diputación Provincial.

Según informa el diario ABC, el magistrado Luis Carlos Martín ha dictado un auto ‘contra el que no puede interponerse recurso ordinario alguno’ en respuesta a la denuncia que la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) interpuso el pasado 26 de febrero contra la Diputación Provincial de Zaragoza en el que cita a ambas partes a comparecer ante el juzgado el próximo 14 de marzo instando al mismo tiempo a los licitadores del procedimiento.

Cuatro empresas habían presentado plicas para optar a la explotación del concurso de gestión del coso de la Misericordia: Tauroejea y Circuitos Taurinos SL, Medicampt Marketing SL, Kranebitten 1976 SL y Castejón Abogados, todo ello a pesar de la advertencia del sector por considerar que las condiciones del pliego redactado por la Diputación ‘atentan contra la viabilidad económica de la fiesta de los toros y perjudica directamente a los intereses del empresariado’.

Como ya informó Mundotoro, ANOET recurrió los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas del Coso de La Misericordia de Zaragoza para las próximas cuatro temporadas y presentó una denuncia en la Fiscalía Provincial de Zaragoza ‘por si la aprobación de estos pliegos pudieran ser constitutivos de una infracción penal’.

La patronal del sector argumentaba los motivos de esta denuncia en que consideran que los pliegos ‘incurren en una nulidad flagrante de pleno derecho porque permiten a un mismo empresario que otorgue la solvencia requerida y presente, como podría haber sido el caso, varias plicas’.

‘Además de lo anterior, -continuaba argumentando ANOET la impugnación- ‘al no exigirse, ni siquiera, la acreditación de la identidad de las empresas que, efectivamente, aportan la solvencia requerida por los pliegos se podría producir el intolerable fraude de ley al consentir la Diputación Provincial de Zaragoza que una empresa concreta aporte su solvencia a varios licitadores y, en consecuencia, pudieran éstos manipular el precio final de adjudicación del contrato en cuestión’.

Por todos esos motivos, ANOET insistía en que se ‘reservaban el derecho a formular todos los recursos administrativos y judiciales que estime necesarios para la protección de los intereses del sector taurino’.