El nuevo pliego de condiciones para gestionar la plaza de toros de Albacete no es apta para empresarios que no tengan un volumen económico en su actividad menor a 2.729.838 euros. Una cifra mucho mayor a la del pliego de hace unos meses, ‘rechazado’ por el sector empresarial. Una cifra que, a bote pronto, sitúa a la gestión de la plaza para un contenido cultural en términos de riqueza. Pocas empresas van a poder cumplirlo. Mirando la cifra, no deja de sorprender por su exactitud milimétrica calculada. No son 2.700.000 euros, ni 2.730.000 euros. No, Son 2.729.838. La exactitud de cálculo es deslumbrante.
Un canon de casi 50.000 euros, cinco años de contrato contando dos prórrogas de dos años cada una. Este año se tendrán que organizar seis festejos obligatorios y ya en el año 2023 los diez habituales. La empresa organizará, además, dos novilladas con picadores, dos clases prácticas de la Escuela, la dotará de 24 becerras de tienta y celebrará 12 festejos populares, una desencajonada y una gala de presentación de los carteles. Toda esta parte de fomento sin la aportación de un euro por parte de la propiedad del coso.
Es decir, que, dejando de ser la parte económica una subasta (buena noticia), las condiciones de la cultura taurina de Albacete tratan de casar bien unos requisitos solo para la élite empresarial. Estamos, de nuevo ante un caso de inverosímil lógica. La propiedad de la plaza, que afirmará ser favorable a la gestión de la cultura taurina, además de poner la plaza, ¿qué más pone para activar a esta cultura? ¿Sacaría a concurso público la gestión de un teatro o un cine con requisitos parecidos?
Hablar de fomentar la tauromaquia y derivarla simplemente a una gestión empresarial de la que se recauda dinero sin más prurito que ser propietaria del inmueble, no parece una medida de fomento.
